martes, 12 de octubre de 2010

Los jueces del Distrito Judicial de Santiago demandan seguridad personal.


Sede del Palacio de Justicia de Santiago.



por valentin abreu

SANTIAGO.- Los jueces de las cámaras civiles y penales de este distrito judicial sienten preocupación por sus vidas debido a que carecen de seguridad personal permanente.
Consideran que constituye un riesgo para su integridad física el tener que marcharse a sus residencias, en ocasiones a altas horas de la noche, sin ningún tipo de protección policial o militar luego de haber condenado a alguien por un delito.
A pesar de que los jueces están supuestos a hablar por sentencia, un magistrado dijo que la mayoría de sus compañeros apenas cuentan con agentes policiales durante el proceso de las audiencias.
“Una vez concluimos nuestras labores cotidianas somos blanco de cualquier tipo de atentado por parientes o relacionados de personas a quienes antes de irnos a casa hemos condenado por un delito”, expresó con preocupación un juez que pidió discreción de su identidad.
Sostuvo que los jueces del área penal son los que están en mayor peligro ya que con frecuencia conocen casos complejos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.
“Son muy pocos los magistrados que tienen seguridad personal al momento de abandonar el Palacio de Justicia”, señaló el juez informante.
Recordó que a pesar de que los tribunales son custodiados por varios agentes policiales hace un mes se escaparon de la Sala de Audiencia del Segundo Tribunal Colegiado dos implicados por robos, uno de los cuales fue reapresado y el otro aún sigue prófugo de la justicia.
Afirmó que además de la falta de seguridad de los jueces, con la excepción de algunos jueces del Primer Tribunal Colegiado y la procuradora fiscal, los fiscales adjuntos de este distrito judicial también carecen de protección una vez terminan su jornada laboral, igual que los miembros de la Defensoría Pública.

Mejor prevenir que lamentar
El juez que habló en condición de anonimato entiende prudente que la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público tomen las medidas de seguridad necesarias para que no ocurra una situación lamentable contra los responsables de dictar sentencia

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