LA ISLA DIGITAL: La OCDE pide retrasar la edad de jubilación en España más allá de los 67 años

El organismo pide también que hagan falta más de 35 años de trabajo para cobrar toda la pensión y que el cómputo se extienda a toda la vida laboral. -El Gobierno responde que no es necesario

MIGUEL JIMÉNEZ

Trabajo defiende que quienes hayan cotizado más de 35 años se siga jubilando a los 65 | Lee el informe de la OCDE | Consulta las claves del sistema de pensiones y su reforma

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aplaude la propuesta del Gobierno para retrasar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años. Pero aunque eso es una "alta prioridad", cree que no basta y que hay que ir más allá. En su informe anual sobre España, publicado hoy, propone que se vaya alargando la edad un poco cada año hasta alcanzar los 67 en 2025, pero al llegar ahí, la idea de la OCDE es que la edad de jubilación se extienda automáticamente en función de la esperanza de vida. Así, por ejemplo, si la esperanza de vida aumentara tres años hasta 2050, ese año la edad de jubilación sería de 70 años.

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Sin embargo, desde el Gobierno, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha afirmado hoy que en estos momentos no sería necesario elevar la edad legal de jubilación por encima de los 67 años para mantener la viabilidad del sistema público de pensiones.
Esa es solo una de las propuestas que la OCDE realiza y que, en su conjunto significarían, de ser aplicadas, una reforma mucho más radical del sistema de pensiones que la que prepara el Gobierno o que la que se derivaría de las conclusiones de la comisión del Pacto de Toledo. Además el organismo incluye en su informe sobre España propuestas para llevar adelante una reforma laboral más contundente, con un contrato único y más facilidades para despedir. Asimismo, la OCDE propone una reforma fiscal en la que podría subirse el IVA y los impuestos especiales y, en cambio, bajar los impuestos a los beneficios de las empresas y las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social.
Así, mientras que los partidos han propuesto alargar el periodo de cómputo de la pensión (que ahora se calcula en función de las cotizaciones de los últimos 15 años) y el Gobierno estudia ampliar ese plazo a 20 o 25 años, la OCDE propone que el cómputo de la pensión se realice en función de toda la vida laboral. Pero además de eso, el organismo que dirige Ángel Gurría, propone que se amplíe el plazo de cotización necesario para obtener la pensión completa de modo que no sea de "solo 35 años" como ahora, dice el informe.
La OCDE también recomienda otras duras medidas para retrasar la edad de jubilación efectiva, más allá del retraso en la edad legal de jubilación y de prejubilación. Sus analistas sostienen que hay personas próximas a la jubilación que no vuelven a trabajar porque tienen un subsidio que les permite tener una renta hasta el momento en que empiezan a percibir la pensión. La propuesta de la OCDE para que los trabajadores mayores permanezcan activos es reducir la duración e ir eliminando progresivamente esas prestaciones en forma de subsidio que se pagan a los parados de mayor edad una vez han agotado la prestación contributiva.
Otras recetas para alargar el periodo de actividad son aumentar las primas para quienes siguen trabajando más allá de la edad legal de jubilación y eliminar la figura de la jubilación parcial. Con el fin de reducir el gasto en pensiones, la OCDE también propone endurecer el régimen de las pensiones de viudedad y de otros supervivientes.
La última receta del organismo es ir suprimiendo los regímenes excepcionales (autónomos, pesca, agricultura, minería) e ir integrándolos en el general. Además, la OCDE se opone a que los funcionarios tengan menor o incluso ninguna penalización por jubilarse a los 60 años bajo ciertos supuestos en carreras de larga duración, como ocurre ahora. De algún modo, el Gobierno ya ha eliminado esa posibilidad para los nuevos funcionarios al eliminar el régimen de clases pasivas.
La tesis de la OCDE es que hay que "reducir la generosidad de las prestaciones en relación con las contribuciones", pues calcula que España es uno de los países donde las nuevas pensiones son más altas en relación a lo que se ha cotizado.
Una reforma laboral más contundente
El organismo que tradicionalmente ha agrupado a las economías industrializadas aplaude también la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno. Sin embargo, cree que se queda corta y que deberían ser más evidentes las facilidades para un despido más barato por causas económicas. "Si la reforma laboral de 2010 no hace significativamente más fácil para las empresas lograr que los despidos se acepten como procedentes [lo que conlleva una indemnización más baja], podrían necesitarse progresos adicionales para disminuir la carga de las empresas para probar que los despidos son procedentes", dicen sus recomendaciones. A la OCDE le preocupa la interpretación que los jueces vayan a dar a las nuevas normas.
Pero no sólo eso: "Sería deseable reducir incluso más los costes de despido de los nuevos contratos fijos", dice el informe. La OCDE se apunta al contrato único, en el que convergen los empleos temporales e indefinidos con una indemnización por despido muy baja al principio que va creciendo con la antigüedad".
La OCDE se opone además a que se endurezca la regulación de los contratos temporales demasiado pronto, pues eso podría frenar la creación de empleo en la recuperación. El organismo cree que la tasa de paro puede empezar a bajar significativamente en 2011.
Eliminar la prórroga de los convenios
Otra de las medidas "deseables" en opinión de la OCDE sería eliminar la ultraactividad de los convenios, es decir, que los convenios mantengan los derechos reconocidos en ellos una vez pase su periodo de vigencia teórica. El organismo admite que eso podría chocar con la Constitución, pero insiste en todo caso en dar pasos para flexibilizar la negociación colectiva y generalizar las claúsulas de descuelgue de los convenios sectoriales o territoriales.
Además, el organismo está también en contra de las cláusulas de salvaguarda o garantía salarial que permiten mantener el poder adquisitivo en caso de que la inflación acabe superando la subida salarial pactada en convenio.
Otra de sus propuestas en materia laboral pasa por endurecer el régimen de prestaciones por desempleo, con mayores exigencias de búsqueda de empleo. Además, plantea que se estudie un acortamiento de los plazos de prestación.